Lo más relevante:

  • La ley CLARITY está entrando en una fase decisiva en el Senado, donde meses de negociaciones convergen en una serie de cuestiones pendientes. Los legisladores se apresuran a impulsar un marco regulatorio antes de que se agote el plazo legislativo.
  • El tratamiento de los rendimientos de las stablecoins sigue siendo el último punto de fricción importante. Los desacuerdos sobre si se debe permitir a los emisores transferir intereses u otros rendimientos a los poseedores han dividido a ambas cámaras. Algunos argumentan que replicaría la banca no regulada, mientras que otros lo consideran esencial para la innovación.
  • Coinbase ha dado señales de que un acuerdo está cerca, aunque aún no se ha sometido a votación. Observadores del sector advierten que incluso un acuerdo cercano podría fracasar a medida que los senadores sopesan prioridades contrapuestas antes de la votación en el pleno.

El acuerdo es un avance, pero falta mucho para la victoria

El sector de las criptofinanzas en Estados Unidos navega actualmente en una fase de optimismo cauteloso. Coinbase, el principal referente del mercado institucional, ha señalado que el Senado finalmente converge hacia un terreno común respecto a la CLARITY Act, la legislación marco diseñada para establecer las reglas del juego del ecosistema de activos digitales. 

En declaraciones para Fox Business, Paul Grewal, director jurídico de la firma, afirmó que las negociaciones se encuentran “extremadamente cerca” de un consenso. Aunque admitió con realismo que todavía no se ha fijado una fecha definitiva para el markup (la sesión de revisión y enmiendas). Este repunte en la confianza no es fortuito, sino el resultado de un largo proceso parlamentario que comenzó con la aprobación del texto en la Cámara de Representantes el 17 de julio de 2025. 

El tránsito por la Cámara Alta ha sido accidentado. Una sesión de revisión crítica programada para el 15 de enero de 2026 fue aplazada abruptamente en la víspera, sumiendo al proyecto en un periodo de incertidumbre técnica y equilibrios políticos. Desde entonces, la ley avanza de forma intermitente, supeditada a compromisos bipartidistas sobre la custodia de activos y la supervisión de las stablecoins.

La situación actual representa una mejora sustancial frente al estancamiento absoluto registrado entre febrero y principios de marzo de 2026, cuando las discusiones parecían descarrilarse por diferencias jurisdiccionales entre la SEC y la CFTC. 

No obstante, mientras no exista un calendario legislativo en firme, la CLARITY Act sigue siendo una promesa de estabilidad más que una realidad jurídica. Manteniendo a los inversores institucionales a la espera de una señal definitiva de Washington.

Por qué este texto es importante para toda la cripto

La ambición de la CLARITY Act trasciende la mera supervisión de las stablecoins. Su objetivo fundamental es desmantelar la arquitectura de ambigüedad que domina el ecosistema financiero digital en Estados Unidos. 

El texto busca establecer una línea de demarcación definitiva entre la SEC (Comisión de Bolsa y Valores) y la CFTC (Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos). Definiendo con precisión qué activos califican como valores (securities) y cuáles como materias primas (commodities). 

Para las plataformas de intercambio y emisores institucionales, esta legislación representaría el fin de una “zona gris” regulatoria cuya litigiosidad y falta de claridad han generado costos operativos y legales prohibitivos en los últimos años.

Este debate ha escalado más allá de los intereses comerciales de Coinbase. Organizaciones de defensa del sector, como Coin Center, advierten que un nuevo fracaso legislativo dejaría a la industria cripto estadounidense en un estado de vulnerabilidad permanente. 

El argumento es de orden sistémico. Sin un marco jurídico codificado, el mercado seguirá supeditado a la discrecionalidad de las agencias federales y a los cambios de prioridades de cada administración de turno. 

Sin embargo, el temor de la banca comercial es existencial. Una migración masiva de depósitos desde las cuentas de ahorro tradicionales hacia soluciones digitales más rentables y ágiles. Esta “guerra de depósitos” es lo que mantiene el texto en un delicado equilibrio. Donde el Senado debe decidir si prioriza la innovación financiera o protege la base de depósitos que sostiene el sistema bancario convencional.

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