La “Regla de Viaje”, así ha sido denominada en Chile a la nueva norma que obliga a identificar a los originadores y receptores de las transacciones por US$1.000 o más en este tipo de activos digitales. La aplicación de la nueva normativa no solo ha generado críticas sino que coloca al mercado en estado de alerta por las dificultades que supone las dificultades técnicas para aplicar la norma.

Para analistas como Jaime Bünzli, que además es cofundador y CEO de Buda.com, está situación podría plantear un problema más grave. Los usuarios al buscar “privacidad” y anonimato podrían verse empujados hacia plataformas no reguladas e inseguras. 

Para hacer frente a la medida el mercado viene trabajando a toda máquina para crear “una nueva estructura”. En esta se deberán llevar registros y alertas, así como sistemas de verificación para el control de movimientos de fondos. Muchas plataformas que operan en Chile ya preparan protocolos de intercambio de información.

Dato importante:

Unas 500 mil personas en Chile han invertido en criptomonedas. 

 

Al menos el 9% de la población posee este tipo de activos en el país.

Las críticas más duras se están dando en foros y redes sociales. Es lógico que la principal crítica gire en torno a las características más valoradas de las criptomonedas. Como sabemos, los usuarios buscan o poseen criptomonedas gracias a su altísima privacidad. Pero regulaciones como esta que se aplica en Chile se podrían replicar en otros países. 

En Europa, por ejemplo, la aplicación de la “Travel Rule”, comenzó a finales de 2024. La aplicación de MiCA también ha sido elegante en términos de regulación. Mediante el Grupo de Acción Financiera (GAFI) se ha venido endureciendo la regulación en Europa, ya que este organismo intergubernamental continúa estableciendo estándares y medidas para reforzar la prevención y detección del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. 

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Preocupación en Chile por la aplicación de la norma

Si bien es cierto que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Chile fijó para el segundo semestre de este año la entrada en vigor de la norma ya la preocupación es evidente. Los actores más importantes del mercado se muestran cautelosos y preocupados por la complejidad que implica la comunicación de la norma. 

Para los ejecutivos de Buda.com, una plataforma de intercambio que opera en Santiago y en otros países de la región, el ecosistema actual presenta una fragmentación tecnológica considerable y un desajuste de compatibilidad entre redes. “Se dificultará alcanzar una interoperabilidad efectiva y universal en el corto plazo”, afirma el cofundador y CEO de la firma, Jaime Bünzli.

Bünzli también afirma que las regulaciones de este tipo “representan un desafío global aún en evolución”. Su firma ha asistido a las oficinas de la UAF a plantear su problema y a mostrar su preocupación en abril de este año. Una de las grandes preocupaciones es el tiempo acortado para implementar de manera adecuada la nueva disposición.

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Chile debería de aprender de experiencias extranjeras

La firma de Bünzli sostiene que se han comprometido con la implementación de estas exigencias, y, al mismo tiempo, les preocupa profundamente garantizar que el impacto en la experiencia de nuestros usuarios sea el menor posible. 

 

Chile tiene una gran oportunidad de aprender de esas experiencias y construir un marco regulatorio robusto, pero también pragmático, realista y gradual frente a los desafíos tecnológicos, permitiendo a los actores del ecosistema adaptarse sin afectar la innovación ni la inclusión financiera.

Jaime Bünzli, cofundador y CEO de Buda.com

Bünzli además sugiere que los entes reguladores de Chile deben observar y aprender de experiencias extranjeras. “Algunas experiencias internacionales siguen en fase de ajuste, por lo que quizás recién en los próximos años el mercado llegue a un consenso en la consolidación de estándares y buenas prácticas”, afirmó. 

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La nueva norma

A mediados de marzo de este año, la Unidad de Análisis Financiero emitió la “Circular Nro. 62”, donde se sistematiza toda la normativa vigente. En ellas las nuevas obligaciones para sus regulados que implican al sistema financiero, casas de cambio, agencias de aduana, casinos, casas de remates, conservadores de bienes raíces, corredores de propiedades, notarios y automotoras, entre otros.

Los usuarios están obligados a “reportar operaciones sospechosas y en efectivo por más de US$10.000, actualizar los listados de personas expuestas políticamente (PEP), contar con Manual de Prevención y Detección de delitos”. Así se especifica en la norma. El reporte se debe hacer una vez al año.

Pero para algunos la nueva norma no es del todo perjudicial para el mercado. Fabián Fiori de Olivera, empresario e inversionista en cripto activos, afirma que es “positivo que se busque dar más transparencia y seguridad al ecosistema. Si queremos que las criptos se integren de verdad al sistema financiero tradicional, es lógico que tengan que cumplir ciertas normas. Pero también me preocupa la pérdida de privacidad. Muchas personas entraron al mundo cripto justamente por el anonimato, y esto va en la dirección contraria”.

En los chats y redes sociales el debate se centra en dos medidas controversiales. Las más comentadas son la obligación de identificar emisor y receptor para operaciones superiores a US$ 1.000, y los nuevos requisitos de información.

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