Lo más relevante:

  • El llamado del secretario del Tesoro, Scott Bessent, para que el Senado avance con la Ley CLARITY marca un punto crítico en el calendario legislativo de Estados Unidos. El proyecto busca poner fin a años de incertidumbre regulatoria dividiendo la supervisión del sector de activos digitales entre la SEC y la CFTC.
  • Tras el regreso del Senado de su receso de agosto, el proyecto de ley se someterá a una votación de moción de procedimiento o cloture vote. Para esto se requieren 60 votos para abrir el debate formal. Esta votación no aprueba la ley de manera definitiva, sino que permite que el texto sea discutido y modificado en el pleno.

Scott Bessent urge al Senado a impulsar la Ley CLARITY para preservar el liderazgo financiero de Estados Unidos

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, aprovechó el reinicio de las sesiones parlamentarias para emitir un pronunciamiento estratégico sobre la regulación de los activos digitales. En un mensaje difundido el pasado miércoles, el titular del Tesoro instó formalmente a los legisladores a votar a favor de la moción de procedimiento que habilitaría la apertura del debate plenario. Bessent advirtió que un eventual bloqueo enviaría una “señal preocupante”. Sobre todo respecto a la capacidad competitiva del país para mantener su posición de liderazgo en el ecosistema financiero global de las criptomonedas.

El proyecto de ley llega al pleno del Senado tras meses de complejas negociaciones marcadas por una ventana de tiempo cada vez más estrecha antes del plazo límite de septiembre. La iniciativa regulatoria ya cuenta con antecedentes parlamentarios. El pasado 14 de mayo, el Comité Bancario del Senado aprobó el dictamen con una votación de 15 votos a favor por 9 en contra. Contando con el respaldo de dos senadores demócratas que sumaron sus votos al bloque republicano para remitir la propuesta a la Cámara Alta.

Las fases del proceso legislativo y el alcance del marco regulatorio

La votación programada para el próximo 15 de septiembre no representa la promulgación definitiva de la normativa, sino un paso procedimental crítico. La aprobación de la moción permitirá al Senado iniciar formalmente el examen del texto, abrir el período de enmiendas y avanzar hacia la votación final. En este contexto, la apelación de Bessent busca acelerar el trámite legislativo antes que exigir una sanción inmediata.

En términos estructurales, la Ley CLARITY persigue establecer un régimen de supervisión federal claro:

Delimitación jurisdiccional: Clasificación precisa de los activos digitales para determinar qué instrumentos caen bajo la supervisión de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y cuáles corresponden a la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC).

Estándares operativos: Definición de las reglas de cumplimiento, custodia y transparencia aplicables a los intermediarios y plataformas de negociación de criptoactivos.

Presión bancaria y exigencias del bloque demócrata

A pesar del consenso general sobre la necesidad de un marco regulatorio federal, la discusión de los detalles técnicos ha intensificado la actividad de cabildeo en el Capitolio. El sector bancario estadounidense ha manifestado una fuerte oposición a los mecanismos de rendimiento asociados a las stablecoins. 

Las entidades financieras tradicionales argumentan que las plataformas cripto podrían ofrecer retornos atractivos similares a los depósitos bancarios sin estar sujetas a las mismas exigencias prudenciales y de capital. De acuerdo con reportes de Reuters, tanto la industria bancaria como la de activos digitales multiplicaron sus gestiones ante los senadores durante el receso de verano.

Por su parte, la bancada demócrata condiciona su apoyo a la inclusión de salvaguardas más estrictas en materia de prevención de lavado de dinero y prevención de conflictos de interés políticos. Estas divergencias fueron patentes desde la votación en comisión de mayo, cuando los dos legisladores demócratas que respaldaron el avance del texto aclararon que su voto en la sesión plenaria final no estaba garantizado sin modificaciones sustanciales.

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