Lo más relevante:
- La Casa Blanca envió el 21 de julio de 2026 el texto del compromiso ético de la Ley CLARITY a los senadores republicanos, un paso que la prensa especializada califica como la remoción del último gran obstáculo que mantenía estancada la legislación.
- El acuerdo, que el presidente Trump aprobó personalmente, aborda directamente los conflictos de interés relacionados con la declaración de ingresos cripto del mandatario, que ascendió a más de 1.400 millones de dólares en 2025. Aunque el acuerdo ético se presenta como un punto de inflexión, el camino hacia la aprobación sigue siendo incierto.
- Los republicanos disponen de unos 18 días legislativos antes de la pausa prevista a principios de agosto para llevar el texto a votación en el pleno del Senado. El líder de la mayoría, John Thune, se ha comprometido a programar una votación antes del receso, y la semana del 20 de julio se baraja como la fecha objetivo para iniciar el debate.
Acuerdo en la Casa Blanca abre la vía para la aprobación de la Ley CLARITY
El estancamiento político que paralizó el debate de la Ley CLARITY durante meses ha quedado resuelto. La Casa Blanca aceptó un paquete de cláusulas de ética diseñado para destrabar el proyecto de ley y envió la propuesta formal a los senadores republicanos, en un avance clave respaldado y validado personalmente por el presidente Donald Trump.
El punto ciego de la negociación no residía en el diseño de la estructura del mercado financiero, sino en las salvaguardas de gobernanza. La bancada demócrata, representada por los senadores Ruben Gallego y Angela Alsobrooks, condicionó el avance del texto a la inclusión de restricciones estrictas contra conflictos de interés que apliquen directamente al presidente, al vicepresidente y a los miembros del Congreso de Estados Unidos.
El conflicto de origen se centra en el patrimonio personal en criptoactivos del propio presidente. Tras declarar ingresos en activos digitales superiores a los 1.400 millones de dólares en su reporte financiero de 2025, el sector demócrata consideró inaceptable aprobar una regulación de mercados sin mecanismos de control ético con verdadera fuerza ejecutiva.
Esta exigencia definió la trayectoria legislativa de la medida durante meses, interrumpiendo el flujo del proyecto en el Capitolio a pesar del consenso bipartidista existente alrededor de los aspectos puramente operativos y técnicos de la ley.
La primicia sobre el consenso circuló inicialmente en las plataformas digitales. Eleanor Terrett, presentadora del programa Crypto in America, reveló que múltiples fuentes de la industria confirmaron la existencia del acuerdo, una información corroborada posteriormente por la firma de análisis on-chain Wu Blockchain. Esta actualización marca el primer avance sustancial de la Ley CLARITY desde el colapso de las mesas de trabajo registrado a inicios de julio.
La reforma redefinió las competencias regulatorias entre la CFTC y la SEC
Más allá del apartado ético, el objetivo de fondo de la Ley CLARITY es poner fin a la disputa jurisdiccional que enfrenta históricamente a la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos (CFTC) y a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) por el control de los mercados de activos digitales.
Bajo la nueva arquitectura propuesta, la CFTC asumirá la supervisión primaria sobre las materias primas digitales, como Bitcoin, en redes que certifiquen un nivel suficiente de descentralización, mientras que la SEC retendrá la autoridad sobre los tokens calificados bajo la categoría de valores financieros (securities).
En materia de protección al inversionista, la legislación introduce un cambio estructural para la custodia de fondos: clasifica legalmente las criptomonedas de los clientes como propiedad exclusiva de los usuarios en escenarios de quiebra de plataformas e intercambios de activos digitales. Con este ajuste, el borrador busca blindar el sistema y cerrar el vacío legal que quedó al descubierto tras los procesos de liquidación de firmas como Celsius y Voyager.
