Lo más relevante:

  • El vínculo entre las criptomonedas y el tecnolibertarismo esta genrado titulares y llamando al análisis de los expertos. Varios analistas concluyen en que la tecnología de Bitcoin y su blockchain “satisfacen necesidades que solo tienen sentido en el contexto de la política de derechas”, estableciendo el nexo ideológico entre la tecnología y su base política.
  • La naturaleza de este rechazo a la intervención gubernamental se manifiesta en el origen mismo de Bitcoin. Desde 2009, el movimiento tecnolibertario ha adoptado a las criptomonedas como una alternativa viable al dinero fiduciario ya las finanzas reguladas. 
  • Esta visión no es nueva y se remonta a la década de 1990, cuando figuras como Peter Thiel, cofundador de PayPal, manifestaron su intención de crear un dinero privado capaz de erosionar el poder de los estados nacionales. 
  • Para los más escépticos del mercado, Bitcoin y las criptomonedas carecen de una aplicación estrella más allá de la especulación y actividades ilícitas, lo que ha obligado a los capitalistas de riesgo a construir narrativas elaboradas sobre su potencial revolucionario. 

La visión de la “Bitcoin Revolution” que tiene Andreessen Horowitz

Andreessen Horowitz, descrito por un ex socio como “una compañía de medios que se monetiza a través del capital riesgo”, lideró una campaña mediática masiva proclamando el poder disruptivo de la blockchain, a pesar de que la verdadera descentralización económica eliminaría la posibilidad de obtener ganancias centralizadas.

El auge cripto coincidió con una era de dinero barato y búsqueda de rendimientos especulativos. Entre 2020 y 2022, los fondos de Venture Capital recibieron cantidades históricas de capital debido a las tasas de interés cercanas a cero, canalizando estos recursos hacia sectores de moda como delivery ultrarrápido, fintech y criptomonedas, modelos ligeros en capital pero altamente escalables. Estos fondos, lejos de ser innovadores y audaces, siguieron tendencias rebaño, financiando proyectos con salidas rápidas más que viabilidad a largo plazo.

El arbitraje regulatorio emerge como el caso de uso real de la blockchain. Mientras tecnolibertarios promovían visiones utópicas de “salidas” al control gubernamental, más de 1,500 tecnólogos alertaron al Congreso estadounidense que la blockchain es “inadecuada para casi todos los fines promocionados como beneficio público”. Para los Venture Capital, los tokens ofrecían una vía de escape regulatoria: al recibir tokens instead de acciones, podían liquidar posiciones en exchanges no regulados años antes de una OPI tradicional, evadiendo scrutiny sobre la sostenibilidad real de los proyectos.

Este modelo prioriza la liquidez sobre la innovación genuina. Los ciclos de salida acelerados, 5-6 años versus plazos tradicionales, desincentivan el due diligence riguroso, alimentando burbujas especulativas. Mientras Andreessen Horowitz y otros cosechan ganancias, el ecosistema sufre externalidades: estafas por $3 billones en 2024, evasión fiscal estimada en $50 billones anuales, y consumo energético comparable al de países enteros. La paradoja final: la tecnología promocionada como descentralizadora ha concentrado poder en nuevos intermediarios más opacos que los tradicionales.

Las SEC contra las criptomonedas y el poder político de la cripto industria

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), con una postura generalmente estricta sobre la regulación de activos digitales, consideró que la mayoría de los tokens criptográficos eran valores financieros y debían regirse por su normativa. Sin embargo, Paul Atkins, su actual presidente, difiere de esta calificación y ha afirmado que la mayoría de los tokens no son valores.

El progreso de las acciones judiciales de la SEC ha sido lento, lo que ha permitido a muchos fondos de capital de riesgo liquidar sus inversiones antes de que los tribunales dictaminaran. Las victorias legales cada vez más frecuentes de la SEC representaron una amenaza existencial para una industria cripto que, en gran medida, dependía del arbitraje regulatorio para prosperar.

En un esfuerzo por mitigar esta presión, entre 2021 y 2023, Andreessen Horowitz y otros líderes de la industria de las criptomonedas intensificaron sus esfuerzos de “lobby”. Buscando impulsar una legislación que adopte un enfoque más flexible hacia la regulación de los activos digitales. Además de buscar cambios legislativos, también ejercieron presión sobre los propios reguladores para que adopten una postura más favorable.

Un movimiento que impulsó un cambio de postura

Los ejecutivos de Andreessen Horowitz, una empresa líder de capital de riesgo estadounidense, cofundada en 2009 por Marc Andreessen y Ben Horowitz, enviaron numerosas cartas a funcionarios federales. En el proceso contrataron a un gran número de exfuncionarios gubernamentales. Destinaron millones de dólares a candidatos y comités de acción política (PAC) que simpatizaban con el ecosistema cripto.

El verdadero despliegue del poder político de la industria cripto se hizo evidente durante el ciclo electoral de 2024, cuando la industria desembolsó una cifra estimada de 245 millones de dólares. En un movimiento significativo, Marc Andreessen, un donante que anteriormente había apoyado al Partido Demócrata, cambió su lealtad y expresó públicamente su apoyo a Donald Trump en 2024.

Para justificar su decisión, Andreessen mencionó en parte la política regulatoria percibida como más cautelosa de la administración de Biden hacia las criptomonedas. También lamentó que la sociedad ya no valorara las tecnologías que su firma ha financiado.

Las criptos como fuerza política impulsada por Donald Trump

A pesar de su limitado uso público, el sector de las criptomonedas se ha erigido como una de las fuerzas políticas más potentes en Estados Unidos. Superando a cualquier otro sector en gasto electoral durante el ciclo de 2024. Los datos de una encuesta reciente revelan una profunda desconfianza entre la mayoría de los estadounidenses hacia la seguridad de los activos digitales.

Actualmente, solo un pequeño porcentaje de la población posee criptomonedas, y la mitad de ese grupo minoritario con una exposición financiera inferior a los $3.000. El actual gasto político no se destina a promover el uso de las criptomonedas, sino a financiar ataques contra candidatos percibidos como hostiles al sector.

La influencia financiera y política de la industria cripto ha tenido un impacto decisivo. Desde el inicio del segundo mandato de Trump, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) ha retirado importantes demandas que aplicaban la legislación de valores a las plataformas de intercambio de criptomonedas. La “nueva SEC” ha doptado una postura notablemente más permisiva. 

Apoyo bipartidista a la indudtria cripto

Con un inusual apoyo bipartidista, el Congreso de Estados Unidos está en vías de aprobar una legislación favorable a la industria. Aparentemente, sin considerar, o sin importarles, que estas nuevas regulaciones podrían abrir el camino para que Silicon Valley reestructure significativamente tanto el sistema bancario como los mercados de valores de Estados Unidos.

“Entregar el control del sistema financiero a la élite de Silicon Valley implica necesariamente ceder terreno a sus ideologías”, es la opinión generalizada de algunos expertos. Es improbable que la filosofía de “moverse rápido y romper cosas” sea beneficiosa para el público cuando se aplica a los servicios financieros. Como muchos críticos han señalado, este enfoque encaja perfectamente con las aspiraciones tecnolibertarias del pequeño círculo que domina Silicon Valley. El movimiento del Estado red y la fantasía tecnolibertaria de reemplazar naciones con criptoutopías podrían ser una mera fantasía de la comunidad cripto. 

¿Qué busca el movimiento cripto revolucionario?

El objetivo último de los evangelistas de la criptoeconomía se extiende más allá de la mera disrupción financiera. Aspiran a una “salida” completa del control gubernamental mediante la construcción de entidades soberanas digitales conocidas como “Estados Red”. Balaji Srinivasan, exsocio de Andreessen Horowitz y ejecutivo de Coinbase, articuló esta visión en su libro “The Network State”, respaldado entusiastamente por Marc Andreessen, Brian Armstrong y Gary Tan, donde propone la creación de comunidades globales basadas en blockchain. Las cuales, eventualmente, se “materialicen en el mundo físico”. Este modelo busca eludir lo que Srinivasan denomina métodos “feos” de gobernanza tradicional: elecciones, revoluciones y guerras.

Figuras como Peter Thiel, Marc Andreessen y Sam Altman han cofundado Praxis, una comunidad en línea que opera como banco de pruebas para estos conceptos. Su manifiesto proclama abiertamente la anticipación del colapso de los estados nación: “A medida que las comunidades locales se disuelvan y los estados nación se tambaleen, veremos a los estados red reemplazarlos en tiempo real”. Este movimiento traslada la lógica de la salida del capital riesgo, la idea de abandonar sistemas en lugar de reformarlos, al ámbito de la gobernanza global, priorizando la fuga sobre la participación democrática.

La idea del «Estado Red» frente a la realidad 

Los proponentes de este modelo, al abandonar la inversión en la mejora de las instituciones democráticas existentes, podrían preferir activamente su fracaso para justificar sus alternativas privatizadas. Aunque la idea de “Estados Red” es logística y políticamente inviable, ningún protocolo técnico puede reemplazar la complejidad de un estado moderno. Su peligro reside en que sus adeptos están dispuestos a promover regresiones sociales. Un retorno al mundo pre-New Deal donde primaba el “caveat emptor” o “advertencia al comprador”. Los pánicos bancarios recurrentes y la ausencia de redes de seguridad social impulsan esta tendencia.

En Estados Unidos, varios legisladores están considerando ceder control del sistema financiero a estos actores y pudieran estar cometiendo un error histórico, según la posición de los más conservadores. La blockchain es una herramienta técnica, no un sustituto de la soberanía popular. Como señalaron 1.500 tecnólogos en una carta al Congreso estadounidense, esta tecnología es “inadecuada para casi todos los fines que actualmente se promocionan como beneficio público”. El verdadero riesgo no es la innovación en sí misma, sino en la financiación de fantasías políticas que podrían deteriorar instituciones democráticas en nombre de un utopismo digital profundamente antidemocrático.

La inminente encrucijada regulatoria

Por último, la nueva legislación podría normalizar este arbitraje bajo el disfraz de innovación financiera. Silicon Valley obtendría capacidad para:

  • Crear productos híbridos entre banca tradicional y criptoactivos
  • Operar plataformas con menor supervisión que entidades financieras establecidas
  • Explotar vacíos legales entre jurisdicciones regulatorias (SEC, CFTC y FinCEN).

El desafío para los legisladores será evitar que la flexibilidad regulatoria se convierta en impunidad. Mientras defensores argumentan que esto acelerará la inclusión financiera y reducirá costos, los más críticos señalan que el historial del sector, con casos como FTX, TerraLUNA y el lavado de capitales mediante mixers, demuestra la urgente necesidad de supervisión efectiva. El verdadero test será si esta legislación logra fomentar la innovación mientras protege la estabilidad del sistema y los derechos de los usuarios.

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