Lo más relevante:

  • La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha emitido nuevas licencias que flexibilizan las sanciones sobre los sectores petrolero, petroquímico y eléctrico en Venezuela. 
  • Las Licencias Generales 46B, 48A y 49A, publicadas el 13 de marzo de 2026, amplían el margen para que empresas estadounidenses realicen transacciones y negociaciones que hasta ahora estaban prohibidas, aunque bajo condiciones estrictas y supervisión reforzada del Tesoro.
  • La propuesta de aprovechar este gas residual para la minería de Bitcoin ha ganado tracción entre analistas y especialistas. El gas sobrante de la producción petrolera sea utilizado directamente para la criptominería, argumentando que este residual energético puede servir como herramienta para recuperar parte del aparato económico nacional.

Una flexibilización de sanciones podría ser una ventana estratégica para la minería de Bitcoin en Venezuela

La industria de la minería de Bitcoin ha retomado un papel protagónico en el tablero geopolítico tras el reciente giro en la política exterior de Estados Unidos hacia el sector energético de Venezuela. La administración estadounidense ha procedido a suavizar las restricciones operativas sobre la infraestructura eléctrica del país sudamericano, un movimiento que los mercados interpretan como un catalizador potencial para el ecosistema de activos digitales en la región.

A través de dos autorizaciones emitidas el pasado 13 de marzo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ha validado la exportación de tecnología, maquinaria y asistencia técnica de origen estadounidense. Diversos analistas y observadores del mercado financiero sugieren que este ajuste en el marco regulatorio constituye el primer andamiaje legal que facilitaría, en el mediano plazo, el despliegue formal de infraestructuras de minería de datos y granjas de procesamiento de bloques en suelo venezolano.

El Departamento del Tesoro ha sustituido las normativas vigentes desde febrero mediante la implementación de las Licencias Generales (GL) 48A y 49A. Bajo este nuevo esquema, las corporaciones estadounidenses están facultadas para suministrar soluciones de software y equipamiento crítico destinado a la generación y transmisión eléctrica. Asimismo, la medida abarca la prestación de servicios especializados dentro de las industrias de hidrocarburos, optimizando la cadena de valor de petróleo y gas.

Si bien el cuerpo técnico de las licencias 48A y 49A de la OFAC no hace una referencia explícita a la minería de Bitcoin, contratos de compra de energía (PPA) o procesos de privatización, el consenso de los expertos apunta a una correlación intrínseca. El fortalecimiento de la estabilidad en la red eléctrica nacional podría actuar como un habilitador indirecto, sentando las bases operativas para un desarrollo sostenido y a largo plazo del sector de los activos digitales en la jurisdicción.

El coste energético

Para que Venezuela logre albergar una infraestructura de minería de activos digitales de escala industrial sin comprometer la estabilidad del suministro residencial, la capacidad de generación efectiva debería escalar por encima de los 25 GW.

La consecución de este superávit energético demandaría una movilización de capital intensiva. Proyecciones de especialistas consultados por Americas Quarterly estiman que se requerirían inversiones de aproximadamente 13.000 millones de dólares únicamente durante el trienio inicial de rehabilitación de la red nacional.

El consumo global de la minería de Bitcoin oscila actualmente entre los 18 y 21 GW, de acuerdo con los datos de referencia del Centro de Finanzas Alternativas de Cambridge. La integración de esta industria en el mercado venezolano está intrínsecamente ligada a la reactivación de su parque de generación térmica subutilizado.

Alternativamente, la viabilidad del sector dependería de la finalización de complejos hidroeléctricos estratégicos como Tocoma, un proyecto cuya culminación exigiría una inyección de capital de entre 800 y 1.000 millones de dólares y un horizonte de ejecución técnica de cuatro a cinco años.

El gas natural como fuente de energía

Bajo las proyecciones actuales de eficiencia energética, Venezuela disipa anualmente un volumen aproximado de 13.000 millones de metros cúbicos de gas natural. Esto se hace a través de emisiones contaminantes atmosféricas.

Este fenómeno de quema de gas (flaring) no solo representa un desafío ecológico, sino que se traduce en un costo de oportunidad financiero estimado en una pérdida de ingresos potenciales de 1.400 millones de dólares para el erario nacional y la industria de hidrocarburos.

“La viabilidad técnica es absoluta y se perfila como una coyuntura estratégica de alto impacto”, señala Demerson David, especialista en infraestructura de minería de activos digitales. El experto sostiene que la canalización de este excedente energético para el suministro de centros de datos de Bitcoin permitiría la reconversión de un pasivo ambiental crítico en un activo financiero líquido con capacidad de monetización inmediata, optimizando los balances operativos del sector energético.

Para los promotores de esta tesis de inversión, el aprovechamiento del gas asociado a la extracción petrolera en cuencas estratégicas como los estados Monagas y Anzoátegui elevaría el perfil competitivo del país.

Esta transición operativa posicionaría a la región como un nodo de innovación en infraestructura energética dentro del mercado latinoamericano. Integrando la producción de energía fósil con la economía de datos de nueva generación.

No obstante, el consenso de los analistas subraya que la transmutación de este desperdicio en energía productiva trasciende la mera disponibilidad técnica de los recursos naturales. El éxito de esta estrategia está supeditado a una voluntad política que articule el despliegue de la infraestructura necesaria.

De consolidarse, este modelo permitiría rehabilitar la capacidad de generación eléctrica sin generar externalidades negativas sobre la red residencial. Mitigando simultáneamente el impacto ambiental del flaring en las principales refinerías y yacimientos del territorio.

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