“¡No vuelvan después de Semana Santa!”, así fueron notificados los empleados de la SUNACRIP de su cese definitivo de labores. La “batalla contra la corrupción” que ha emprendido el Gobierno de Nicolás Maduro sigue dejando efectos colaterales.
Medios venezolanos denuncian que los trabajadores de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos fueron obligados a poner sus cargos a la orden y a que no regresaran a sus labores luego del asunto por Semana Santa.
Actualmente, el ente regulador de la actividad cripto en Venezuela se encuentra en “proceso de reestructuración”. Se estima que al menos unos 500 trabajadores de la superintendencia han sido afectados por esta medida.
Desde que comenzó la “campaña contra la corrupción”, el pasado 16 de marzo, los trabajadores del ente se encontraban en un limbo laboral. El mismo día todos los empleados fueron desalojados del edificio sede por orden del Ejecutivo Nacional. La medida fue ejecutada por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). El 18 de ese mismo mes se hizo pública la destitución y aprensión del jefe de la SUNACRIP, Joselit Ramírez, por actos de corrupción.
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Reestructuración de la SUNACRIP tiene efecto colateral en granjas de minería reguladas
El “proceso de reestructuración” de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos golpea duramente a los “mineros regulados” del país. Mientras las actividades estén paralizadas, un día apagado es un día de pérdidas. Fuentes extraoficiales indican que las perdidas pueden oscilar entre 40 mil y 1 millón de dólares al mes.
Mientras la SUNACRIP atraviese este proceso, se genera un clima de incertidumbre en el futuro de la actividad cripto de Venezuela. Cualquier cambio o suspensión en la actividad cripto de Venezuela tiene serias implicaciones en el desarrollo de la minería de criptomonedas en el país.
Mientras tanto, la Dgcim continúa investigando y localizando la granja de minería que pertenecía al diputado del PSUV detenido Hugbel Roa. Este último es uno de los implicados en la trama de corrupción denunciada por el mismo Gobierno de Maduro.
